Con 11 hallazgos fiscales por $1.800 millones de pesos y 8 traslados a la Fiscalía General de la Nación concluyeron las Auditorías de Cumplimiento que efectuó la Contraloría General de la República a las entidades encargadas  de la prestación de servicios de Alimentación, Vigilancia Electrónica, Infraestructura y Atención en Salud a la Población Privada de la Libertad a cargo del Inpec.

Las auditorías, señala la Contraloría,  “confirman la incapacidad de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para llevar a cabo su objeto misional”. Además evidenció que la respuesta a los planes de necesidades del Inpec no ha sido oportuna.

Según el ente de control, encontró rezago en el cumplimiento de las metas de generación de cupos, lo cual se agrava con la decisión de la Uspec de ejecutar los recursos destinados para ampliación y mantenimiento de infraestructura a través del contrato interadministrativo 216144 de 2016 suscrito con Fonade, que pospuso nuevamente la puesta en marcha de los planes de mantenimiento de los establecimientos de reclusión.

En las visitas efectuadas por la Contraloría a infraestructura carcelaria inaugurada, se halló que   para la fecha de la auditoría, se encontraba pendiente de recibo, como es el caso del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué “Coiba”. Y en otros casos,  la infraestructura carcelaria se encontraba en operación sin contar con las condiciones necesarias para su funcionamiento, como el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de El Espinal (Tolima).

Inpec intenta hacer lo que no hace la Uspec

La demora de la Uspec en la puesta en marcha del Plan de Mantenimiento ha motivado a que el Inpec, careciendo de competencia legal para ello, destine recursos propios y celebre convenios con entidades territoriales, con el fin de intervenir la infraestructura de los Establecimientos de reclusión, lo que además de generar posible extralimitación de funciones.

En 2016 el Inpec suscribió 8 convenios por valor de $130 millones, y 38 convenios en 2017 por valor de $2.009 millones, para realizar intervención a la infraestructura carcelaria a nivel nacional, competencia que ahora corresponde a la Uspec, lo que lleva a la configuración de una presunta extralimitación de funciones.

En cuanto al servicio de vigilancia electrónica, se evidenció que lo contratado solo cubre a un porcentaje aproximado del 10% del total de la población con medidas de aseguramiento o penas privativas de la libertad extramural.